Juan Carlos Melián, experto en Derecho Administrativo, sitúa el punto polémico en la exigencia de integración a un ‘software’ específico

FUENTE: Correo Farmacéutico

El pliego de prescripciones técnicas de Resi-Eqifar, el proyecto valenciano de atención farmacéutica a centros sociosanitarios, podría vulnerar el principio de concurrencia e igualdad. Así lo considera Juan Carlos Melián, abogado especializado en derecho administrativo, tras haber realizado un análisis de los pliegos para CF. Melián explica que la clave está en el apartado donde menciona el software del sistema. Textualmente dice que “las empresas adjudicatarias deberán integrar sus sistemas de información con los propios de la Consejería de Sanidad”; y concreta cuáles serán: Orion Logis y Mdis. Acto seguido, añade: “Será a cargo de la/s empresa/s adjudicatarias la integración de su software con los sistemas mencionados”.

USO DE CONECTORES

Sobre este punto, Melián sostiene que “en principio, para aquellos licitadores que no utilicen dichas aplicaciones, la integración de cualquier aplicación exige el uso de conectores licenciados por parte de las empresas propietarias. Sin perjuicio de que estas empresas propietarias crean y licencien dichos conectores o que el órgano de contratación establezca la obligación de facilitarlos a requerimiento, resulta evidente que su provisión no se realizará sin coste. Ésto coloca en clara desventaja a aquellas empresas que no utilicen en sus sistemas el mencionado software”. Por el contrario, sostiene que “aquellos licitadores que por utilizar el mismo software no precisaran integración alguna, los colocaría de inicio en una posición de ventaja, al poder licitar sin la incertidumbre de los factores apuntados y a un precio sin el coste de la integración”. Si bien Melián añade que este argumento podría rebatirse con el de que “precisamente esas aplicaciones son las que utiliza el órgano de contratación, el resultado práctico es que hay un solo licitador, lo que haría levantar una bandera roja de prevención”. Melián concluye que, “aun estando justificado, es discriminatorio”. Las sospechas de Comisiones Obreras. La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) en la Comunidad Valenciana también se pronunció sobre la “sospecha” de que la licitación se ha hecho a medida de la única empresa que se ha presentado al concurso: la italiana Santa Lucia Pharma APPS; sin embargo, la Consejería de Sanidad destacó a CF la “transparencia” y el respeto “de forma escrupulosa a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público”, y recordó que los recursos planteados al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TACRC) “han sido desestimados, ratificando así la viabilidad y conformidad a derecho del pliego”.

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