Crece el movimiento reivindicativo en patronales y COF para el reconocimiento del servicio de urgencias en boticas.

FUENTE: El Global

“Las farmacias de Alemania recibieron una media de 281 euros por cada guardia farmacéutica en 2018”. Este titular podía leerse recientemente en las páginas de EG (ver nº 888); un titular que, trasladado a una hipotética información referente a las farmacias españolas, es a día de hoy pura utopía. No por la cuantía en cuestión, sino por el reconocimiento expreso a la importancia (y viabilidad) de este servicio que supone cualquier compensación económica.... Y que no es tal en España.

En España, los servicios de urgencia de las farmacias siguen siendo sinónimo de gratuidad... O, incluso, de merma económica para el titular. En este sentido, el movimiento reivindicativo de la propia profesión de cara a solicitar un reconocimiento de este servicio siempre ha existido. Coincidiendo con el aumento de las medidas de afectación económica directa a las farmacias, habidas y por venir, este movimiento no ha hecho sino ampliarse en los últimos años.

En esta lucha para que el servicio de guardias sea considerado como se merece conviven dos posicionamientos. Por un lado, las voces que exigen el pago de estos servicios (equiparándose a Alemania y otros países europeos). Por otro, los que —quizá sabedores de la aún lejanía de esta meta— apuestan por alcanzar pasos intermedios como sería (es) una mayor flexibilidad, bien con la reagrupación de zonas farmacéuticas para aliviar la carga de guardias de determinadas farmacias (en especial en el ámbito rural) o apostando por los servicios localizados, en los que el profesional dispone de cierto plazo (entre 15 y 30 minutos, según la región) para presentarse en la botica ante un requerimiento.

Los que apuestan por esta vía ‘moderada’ justifican su parecer en que ninguna Administración ha dejado hasta ahora la puerta siquiera entreabierta a su abono. Así lo corroboran las palabras de la consejera de sanidad valenciana, Ana Barceló, que se publicará próximamente en la revista EDS. “La Justicia ya determinó que las guardias quedan retribuidas por las cantidades percibidas de los usuarios”, avisa. Estas declaraciones cobran especial relevancia dado que en esta región se está tramitando el borrador de un nuevo RD de Guardias en el que, atendiendo a Barceló, no se entrevé predisposición a incorporar su abono.

Pagar como fin al “agravio histórico”

Entre los que descartan las ‘medias tintas’ se encuentra la patronal nacional de farmacias FEFE, que ha vuelto a insistir en la necesidad de que las guardias sean remuneradas para equipararse tanto al resto de profesionales sanitarios como a la tendencia europea.

La empresarial va incluso un paso más allá y propone diversas fórmulas para que las Administraciones afronten el abono de este servicio. Algunas de ellas serían su subvención por parte de las Consejerías de Sanidad y/o con mecanismos indirectos. ¿Ejemplos? “Con una reducción o reinversión de los descuentos y deducciones a los que obligan los decretos promulgados desde 2000”, plantea.

Según recuerda FEFE, “se puede calcular que el pago de las guardias obligatorias que realizan las farmacias es un tema menor desde el punto de vista presupuestario (menos de 25 millones de euros anuales) y podría ser financiado de forma directa con las deducciones y descuentos de los que se benefician las comunidades autónomas, y que suponen más de 450 millones de euros anuales”, argumenta. Volviendo a la comparación con Alemania, el Gobierno federal empleó en torno a 114 millones de euros en 2018 en remunerar estos servicios.

Otra vez en clave nacional, FEFE denuncia el “agravio histórico” que supone que los farmacéuticos comunitarios sean los únicos profesionales sanitarios que no son retribuidos por estos servicios de urgencia, incluso en la comparación con los farmacéuticos de hospital.

“Desde el principio de igualdad, si determinados profesionales sanitarios que realicen guardias con carácter de servicio público en centros sanitarios son remunerados, el farmacéutico también es un profesional sanitario, que presta sus servicios en un establecimiento sanitario de interés público y, por ende, debería tener también derecho a la remuneración de las guardias de la farmacia por parte de la financiación pública”, justifica.

Respecto a las consecuencias directas de un hipotético pago, la patronal vaticina que se reduciría “al 50 por ciento” la cifra de farmacias VEC (Viabilidad Económica Comprometida), aumentaría el empleo — “ese pago permitiría a muchos farmacéuticos contratar a farmacéuticos adjuntos”, indican— o facilitaría ese factor difícil de cuantificar económicamente que supone mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. En especial, de aquellos farmacéuticos rurales titulares que encadenan días realizando ininterrumpidamente estos servicios.

Los COF también se mueven

A nivel colegial también hay corporaciones especialmente reivindicativas en conseguir cambios en los modelos de guardias, con ese fin último de su abono.

Por ejemplo, volviendo al caso valenciano, en los casi dos años que acumulan las negociaciones en torno al nuevo decreto, el COF de Valencia ha presentado diversas propuestas. Una de ellas pasaba porque las Administraciones locales, o la Consejería, que quieran reforzar las guardias farmacéuticas abonen el servicio y luego, a tenor de lo que la botica ingrese por dispensación de recetas públicas en dicho turno, se ‘devolvería’ parte o totalmente la cuantía abonada. Los cálculos realizados por este COF reflejan que apenas supondría en torno a 2 millones de euros anuales para el conjunto de Administraciones. Incluso, en aquellas localidades donde sí se hagan muchas dispensaciones y, por tanto, se confirmaría la necesidad de la guardia, quizá no tendrían que pagar al establecimiento “ni un solo euro”, destacan desde el colegio. Por el momento, la Consejería parece ‘plantada’ en implantar las guardias localizadas y no ir más allá.

También el COF de Madrid, coincidiendo con el estreno de la legislatura autonómica el pasado agosto y a través de su presidente, Luis González, pidió al consejero regional que estudie el posible abono de estos servicios de urgencia; un guante que recogió Enrique Ruiz Escudero al asegurar que “valoraría” la propuesta.

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