FUENTE: La Razón

¿A qué situación se enfrentaban los pacientes de hepatitis C hace apenas tres años? Como explica Vicente Carreño, presidente de la Fundación para el Estudio de las Hepatitis Virales (FEHV), aún no se contaba oficialmente con el Sofosbuvir, el fármaco «milagro» de última generación contra la hepatitis C comercializado con el nombre de Sovaldi. «En 2013 no estaba aprobado el fármaco en España, así que si se precisaba se pedía por uso compasivo. El tiempo de respuesta varíaba mucho de una consejería a otra pero era de al menos un mes. Se pedía para los pacientes más graves, aquellos que se encontraban en estadios F3 y F4», afirma Carreño.

Como dice Alberto Rodríguez, miembro de la Plataforma de Afectados por la hepatitis C, por aquel entonces «los protocolos sólo incluían el interferón, cuya eficacia no llega ni el 30%», combinado con otros fármacos. Para obtener el Sovaldi, la Comisión de Farmacia del Hospital en el que estaba ingresado el paciente detallaba en un completo informe a la Consejería de Sanidad la necesidad de administrarle este tratamiento novedoso, cuyo precio oscila entre los 50.000 y los 75.000 euros. La mitad la pagaba el laboratorio fabricante; la otra mitad la Consejería autonómica. Los plazos de concesión podían durar meses.

La situación dio un giro copernicano en abril de 2015, a raíz de la aprobación del Plan Estratégico para el Abordaje de la hepatitis C, aprobado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. «Actualmente, no hay problemas. Ya está todo resuelto. E incluso los fármacos más avanzados lo reciben pacientes en F2 –estadios no tan avanzados de la enfermedad–», dice Carreño.

Efectivamente, el plan eliminó las barreras burocráticas que provocaron casos tan dramáticos como el de Galicia: todos los enfermos con fibrosis en grado 2, 3 y 4 recibirían los antivirales de última generación a través de la Seguridad Social y en un tiempo razonable. Así, y según los cálculos del Ministerio, casi 52.000 pacientes de un total de 95.524 diagnosticados recibirían los «fármacos milagro».

Al menos seis gallegos infectados por el virus de la hepatitis C perdieron la vida en 2013 mientras estaban a la espera de recibir un fármaco de última generación que podría haberles salvado la vida, pues cuentan con un 95% de efectividad. Ahora, tres años después, la Fiscalía ve indicios de «homicidio por imprudencia grave profesional» y «prevaricación» por estas muertes en dos altos cargos del Servicio Gallego de Salud (Sergas), lo que ha motivado su citación, en calidad de investigados, por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago el próximo 28 de abril.

Concretamente, se trata del actual gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial –entonces era director de Asistencia Sanitaria– y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado. La denuncia fue admitida el pasado enero y, ya en febrero, se realizaron las citaciones. El colectivo Batas Blancas, formado por médicos que trataban a los pacientes fallecidos, alertó a la Fiscalía, mientras que la Plataforma Gallega de Afectados por la hepatitis C está en el proceso como acusación particular. En opinión del juzgado, el retraso en la concesión del fármaco «obedeció a razones de tipo presupuestario del Sergas», no de «contenido médico o clínico», según parte del texto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Quique Costas, portavoz de la Plataforma Gallega de Afectados por la hepatitis C, asegura a este diario que los pacientes ya fallecidos «estuvieron entre seis y ocho meses a la espera de la respuesta de una subcomisión de tratamientos del Sergas», que era la que tenía que dar luz verde a la concesión del fármaco. En algunos de los casos denunciados, la aprobación llegó cuando los pacientes, con edades comprendidas entre los 52 y 71 años, ya se encontraban en estado agónico. O, directamente, cuando ya habían fallecido.

Así lo explica el doctor Evaristo Varo, miembro de Batas Blancas y responsable de la unidad de trasplantes abdominales del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. «A uno de nuestros pacientes le concedieron el tratamiento cuando ya llevaba muerto una semana», afirma el médico, que asegura que, cuando ya se contaba con la autorización del laboratorio farmacéutico, se enviaba la solicitud al Sergas, pero los documentos pasaban «a una nube», por lo que estaban obligados a «realizar una segunda petición». Con uno de sus pacientes, afirma Varo, y que «tenía un pie en la tumba», llegó a escribir a Rocío Mosquera, entonces consejera de Sanidad. «La haré responsable de su muerte», firmaba el médico. Finalmente, se le concedió el fármaco a tiempo y el paciente salvó la vida.

Con todo, desde las Plataformas de Afectados y Batas Blancas reconocen que también en Galicia la situación ha cambiado y se atiende a estos enfermos «en plazos y ritmos razonables, como son dos o tres semanas», apunta Costas. Varo explica que, incluso antes de la aprobación del Plan, otras comunidades como Castilla y León o Valencia sí atendían a estos pacientes graves «en cuatro u ocho semanas», por lo que «el caso de Galicia no es digno de un país del primer mundo».

El consejero de Sanidad de la Xunta, Jesús Vázquez Almuiña, defendió ayer que la Xunta «siempre ha actuado a base de criterios clínicos» y no presupuestarios, como aduce el juzgado, a la hora de atender a los afectados por hepatitis C. «Se trata de una de las autonomías que desde el primer momento puso en marcha el proyecto para atender a los pacientes, una grave enfermedad que lleva muchos años sin poder resolverse», añadió. El consejero aseguró que «ahora parece que, con los nuevos medicamentos que el Sergas utiliza desde el principio, estamos consiguiendo acabar con el virus». E hizo hincapié en que los cargos de la Consejería de Sanidad «han trabajado a destajo» y «con criterios claros» para que el acceso a los fármacos de última generación «sea universal y no haya exclusión entre pacientes». «Creemos que hicieron el trabajo como tenía que hacerse, sabiendo que tenemos pacientes con cierta gravedad, que llevan muchos años con esta enfermedad», añadió. Por su parte, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, confió ayer en que «se aclare» lo ocurrido en el Servicio Gallego de Salud e incidió en que, a día de hoy, el Plan Estratégico es un «éxito» en Galicia.

¿A qué penas pueden enfrentarse ahora los dos miembros del Sergas citados por el juzgado de Santiago? Según valoran en la Plataforma Gallega de Afectados por la hepatitis C, el delito de homicidio por imprudencia grave profesional está penado con entre uno y cuatro años de prisión, mientras que el de prevaricación administrativa está castigado con la inhabilitación. Así, los cargos del Sergas podrían encarar penas de prisión de entre seis años –un año por cada uno de los fallecidos– y 24 –seis años por cada paciente–.