El pasado día 10 de enero, la Comisión Europea emitió un comunicado que afecta al modo de afrontar el futuro de las profesiones reguladas en la Unión Europea.

Y es que la Comisión Europea ha expresado públicamente en este comunicado que las restricciones a la actividad farmacéutica están “justificadas”, lo mismo que para otras profesiones relacionadas con la salud y la seguridad. Ello supone una nueva orientación de la Comisión Europea, que por fin abandona su intención de incluir a los farmacéuticos en la lista de peticiones de desregularización, aceptando los argumentos del Tribunal de Justicia Europeo.

Sin embargo, como en el conocido cuento de Monterroso –el más breve de la historia de la narrativa- hay una palabra que lo cambia todo. Para Monterroso era un adverbio: “Cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí”. En nuestro caso se trata de una conjunción: la Comisión Europea modifica su trato a la ordenación farmacéutica, pero…Y en ese pero se encierran todavía varios peligros para la profesión farmacéutica en Europa, que no ha terminado de sufrir los embates de la tendencia  liberalizadora de algún Comisario europeo.

Los españoles, hemos tardado más de una década en lograr, gracias a la movilización de Colegios y Patronales, singularmente Valencia, y el Consejo General, que el Tribunal de Justicia de la UE alejara definitivamente el peligro del dictamen motivado contra nuestra ordenación farmacéutica y que Europa reconociese que los Estados miembros son libres para regular las profesiones sanitarias, entre ellas la Farmacia. Se trata de salvaguardar la salud de los ciudadanos y proteger un sistema sanitario que ofrece cobertura universal, lo que implica que en España el acceso a los medicamentos está garantizado tanto para quien vive en grandes ciudades como en el pueblo más pequeño. Han sido años de intenso trabajo para conseguir algo que parece que definitivamente se ha logrado. Pero hay matices en las nuevas medidas aprobadas por la Comisión Europea que conviene conocer.

Voy a tratar de resumir las iniciativas concretas que ha adoptado la Comisión el 10 de enero pasado. Son cuatro: una nueva tarjeta electrónica europea de servicios que facilitará a los proveedores cumplir los trámites administrativos en otros países y que no afecta a los farmacéuticos porque, afortunadamente, no entramos en el ámbito de aplicación de la Directiva Bolkenstein; unas orientaciones ofrecidas por la Comisión sobre las reformas que, a su juicio,  mejor funcionan en la reglamentación de ciertos servicios profesionales; la mejora en el procedimiento de notificación a la Comisión por los Estados miembros de las enmiendas o cambios en su regulación interna de servicios; y la obligación para todos los gobiernos europeos de evaluar la proporcionalidad antes de aprobar cualquier norma o modificación legal sobre los servicios profesionales.

De estas cuatro iniciativas, la que parece suponer un cambio de orientación de la Comisión Europea es la última. Hasta ahora los Estados miembros ya estaban obligados a comunicar a la Comisión Europea su normativa de servicios y las orientaciones de la Comisión no son vinculantes, lo que quiere decir que una misma profesión puede estar sujeta a requisitos muy diferentes en distintos países de la UE, aunque la Comisión siga recomendando la liberalización. Lo que sí cambia las cosas es la obligación, aprobada este 10 de enero, de que  los Estados, y en caso de países centralizados también a nivel regional, evalúen previamente la proporcionalidad de cualquier cambio legislativo que afecte a la ordenación farmacéutica, y además den participación a los sectores afectados, tanto pacientes como Colegios y Patronales en representación de autónomos y pymes farmacéuticas, y laboratorios. Es decir que a partir de ahora las Comunidades Autónomas y el Estado no sólo deberán mirarse el ombligo al hacer el análisis de impacto de la normativa que afecte a la farmacia, sino también evaluar en qué afectan los cambios al sector y a los consumidores. Lo que está diciendo Europa es que los Estados miembros que modifiquen su normativa de profesiones, cuyo ejercicio está condicionado a la acreditación de un título o cualificaciones específicas, como los farmacéuticos o los arquitectos, deberán probar específicamente si esos cambios son necesarios y equilibrados.

Los legisladores deberán analizar los efectos de las nuevas medidas en el empleo y la economía de las farmacias, y no sólo el impacto sobre los presupuestos de la administración; y hacerlo antes de adoptar una nueva legislación. Todo esto es positivo para los farmacéuticos, pero… no nos engañemos, el futuro sigue siendo incierto, porque si bien la Comisión Europea ha aceptado formalmente que la regulación de las profesiones es competencia de los Estados, sigue poniendo como ejemplo de bondad la liberalización del mercado de medicamentos en Italia.

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