Los colegios han tomado como una afrenta que la conselleria no haya contado con ellos para cambiar el modelo de asistencia a los mayores en residencias

FUENTE: Levante

Se rompió el entendimiento. La buena sintonía de la que hacían gala los colegios profesionales de farmacia y la Conselleria de Sanidad ha quedado seriamente dañada tras el anuncio de la administración de cambiar el modelo de atención farmacéutica para las personas que están en residencias sin consultar, previamente, a los directamente damnificados: las farmacias comunitarias.

La Conselleria de Sanidad anunció el martes que quería extender el modelo de atención farmacéutica especializada que ya se da a los residentes de centros públicos a las 27.300 personas institucionalizadas. El cambio supone que la medicación que reciben todos los residentes no será comprada directamente a una farmacia sino que se adquirirá de forma centralizada en la farmacia hospitalaria de La Fe para ser distribuida después en dosis unitarias por los farmacéuticos hospitalarios.

Para la conselleria el proyecto Resi-EQIFar, que así se llama, traerá una mayor vigilancia para los pacientes y un ahorro cifrado en 13 millones de euros anuales pero en detrimento del negocio de las farmacias comunitarias que venían sirviendo a las residencias.

Los colegios profesionales han interpretado esta falta de consulta y consenso previo en un tema que les afecta directamente como una afrenta por lo que están dispuestos a dejar en suspenso por ahora, «cualquier colaboración con la Conselleria de Sanidad», según adelantaron desde el colegio de Valencia. Esto supondría, en la práctica, dejar en el aire los acuerdos sobre el copago farmacéutico.

Desde principios del año pasado, Sanidad y los colegios profesionales trabajan juntos para hacer posible que tanto pensionistas como personas con rentas bajas con niños a su cargo o dependientes no tengan que abonar la parte del copago farmacéutico que marca el Estado. Son los farmacéuticos los que adelantan el dinero para después, ser compensados por la administración gracias a las ayudas establecidas por el Consell y evitar así a los pacientes trámites y molestias.

De cumplir su amenaza, los beneficiarios de las ayudas (que este año se calculan en 1.319.000 personas) deberían de volver a pagar la parte proporcional de los medicamentos en las farmacias para, después, optar a las ayudas del Consell a través de otra vía.

«A la farmacia comunitaria solo se le pide colaboración para temas económicos, como es la subvención del copago», criticó ayer el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, que aseguró estar «sorprendido» ante la decisión de Sanidad de retirarles competencias en los fármacos de los residentes «tras prometernos diálogo y consenso».

«La actitud de la conselleria denota que no se cuenta con los colegios para la atención farmacéutica sociosanitaria», añadieron fuentes del colegio que entienden que se ha vulnerado «el Decreto 94/2010 y el concierto en el que se refleja que el farmacéutico comunitario tendrá un papel preponderante en los centros sociosanitarios».

La decisión final, el lunes


Desde el colegio de Valencia, que se han mostrado especialmente beligerantes, están dispuestos a dejar en suspenso el convenio marco con la administración que sustenta todos los convenios específicos que vehiculan las ayudas al copago aunque la decisión aún no está tomada.

Será el lunes cuando el consejo autonómico de Colegios Profesionales de Farmacia se reúna y tome una decisión «conjunta y consensuada» al respecto. Así lo adelantó ayer su presidente, Sergio Marco, que también lo es del colegio de farmacéuticos castellonense.

«No podemos avanzar todavía nada» sobre la suspensión de los convenios «pero tampoco cerramos ninguna opción. Vamos a ver primero cuál es el alcance real de la noticia y la hoja de ruta de la administración y en la reunión del lunes se decidirán las acciones conjuntas», aseguró Marco.

Para el presidente del consejo la forma de actuar de la conselleria «nos ha dejado muy tocados cuando la colaboración era total hasta ayer. No nos esperábamos esta medida porque somos directamente afectados en este asunto y no habíamos oído nada», añadió. «Dicen que quieren contar con nosotros pero, ¿para qué? porque la decisión ha sido unilateral», aseguró Marco.

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