La Generalitat valenciana establece distintas concepciones del término en sus normativas farmacéuticas, siendo la farmacia rural la más perjudicada.

FUENTE: EL GLOBAL

La pandemia de la COVID-19 ha sacado a la luz conceptos desconocidos hasta ahora para la población pero que sirven históricamente de referencia para las Administraciones sanitarias en la toma de decisiones. Es el caso, por ejemplo, de las “zonas básicas de salud” sobre las que giran recientes medidas restrictivas y de movilidad dentro de una misma ciudad. Sin embargo, no es esta la única definición de índole geográfico/limítrofe que genera controversia en lo que a decisiones sanitarias se refiere. Ahí está, como bien saben los boticarios, el término de “zona farmacéutica”.

La Generalitat de Comunidad Valenciana acaba de ofrecer un nuevo ejemplo del distinto rasero que se puede emplear para hablar de “zona farmacéutica”. Lo ha hecho, en concreto, con su proyecto de nuevo decreto de prestación a centros sociosanitarios que actualmente tiene sometido a consulta pública. Aunque desde los colegios farmacéuticos se valora de forma positiva este borrador —con el que se destierra el polémico modelo antiguo Resi-EQIfar y se permite, alineándose con el RD 16/2012, que las residencias de menos de cien camas puedan ser atendidas por oficinas de farmacia—, sí se alerta de la distinta vara de medir que tiene este texto respecto al concepto “zona farmacéutica” con otras normativas vigentes, como la que regula los servicios de guardia de las boticas.

El presidente del COF de Valencia, Jaime Giner, da la voz de alarma a EG. En el borrador, se permite que un centro sociosanitario de menos de cien plazas quede vinculado a una botica “de la misma zona farmacéutica”. Nada fuera de lo normal si no fuese porque, en este caso, “la Generalitat equipara zona farmacéutica a Departamento de Salud y puede abarcar zonas de 160 kilómetros de distancia”. Sin embargo —y es esta diferencia la que centra las críticas— para los servicios de guardia se establecen los turnos rotatorios por zonas farmacéuticas que apenas cubren varios municipios”. Es decir, si se atiende la definición del borrador del decreto de prestación a residencias, la provincia de Valencia cuenta con 11 zonas farmacéuticas (Departamentos de Salud), en torno a 30 en toda la región, mientras que si se atiende el decreto de guardias, solo la provincia de Valencia cuenta con “decenas” de divisiones.

Diferencias prácticas de 'zona farmacéutica'

¿Qué supone esta diferencia en la práctica? “Puede suponer que una residencia de la comarca del Rincón de Ademuz —a 130 kilómetros de la ciudad de Valencia— quede vinculada a una farmacia de la capital, mientras que las guardias seguirán siendo realizadas de forma obligatoria durante todo el año por las escasas boticas rurales de la zona farmacéutica de la comarca”, expone Giner para denunciar este agravio. Nuevamente, como en otras cuestiones, la farmacia rural sería la principal afectada por esta ‘brecha’.

Así las cosas, el presidente del COF de Valencia insiste: “este borrador favorece el modelo de concentración en la prestación a residencias que siempre hemos denunciado, por el cual apenas un ínfimo porcentajes de boticas se quedan con el servicio a todos los centros”. “No podemos volver al mangoneo de modelos pasados”, expone de forma elocuente.

El COF de Valencia alegará

Por ello, una de las principales alegaciones que realizará la corporación valenciana pasará por solicitar una definición más concisa y homogénea del concepto de “zona farmacéutica” en el texto. “Si no se atiende esta petición, no nos quedaría más opción que recurrir en el futuro la norma”, vaticina.

Por último, Giner recuerda que favorecer la vinculación de las residencias a farmacias del entorno —en especial en territorios rurales— no tiene por qué ir en detrimento de la calidad del servicio. “Apostamos porque en cualquier caso se establezcan unos requisitos rígidos y de calidad para las vinculaciones”, incide Giner, si bien ello se concretaría en los posteriores desarrollos reglamentarios de un decreto que está en la fase más inicial de su tramitación.

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