La CNMC archiva una denuncia del SAS contra el Ministerio, Farmaindustria, Aeseg, Ceofa y 24 compañías al no detectar "coordinación anticompetitiva".

FUENTE: Correo Farmacéutico.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha archivado el escrito de denuncia presentado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en septiembre de 2014 contra el Ministerio de Sanidad, las patronales Aeseg y Farmaindustria, la empresarial de farmacias andaluza Ceofa y 24 laboratorios farmacéuticos por considerar que habían llegado a algún tipo de acuerdo para no presentarse a las subastas de medicamentos andaluzas. Según la resolución, a la que ha tenido acceso CF, Competencia no ve evidencias de estas acusaciones y "al considerar que las conductas que imputa [el SAS] no son constitutivas de infracción" ha decidido archivar las actuaciones instruidas por la Dirección de Competencia.
El detonante de esta denuncia es la primera convocatoria de subasta andaluza de fármacos de primaria, de enero de 2012, para la que "de las 55 presentaciones convocadas, no se presentaron oferatas en 27. En las 28 restantes sólo concurrieron 13 laboratorios farmacéuticos y de las 11 empresas seleccionadas, que llegaron incluso a dar su visto bueno al borrador de Convenio que se les planteó, 7 se retiraron en el momento de la firma". Según el SAS, esto habría sido fruto de un "boicot" o de una "posible recomendación colectiva" desde el Ministerio de Sanidad, las patronales farmacéuticas y entre las propias compañías, para no participar en la convocatoria andaluza.

En su argumentación, la CNMC ha entendido que "no cabe analizar la conducta denunciada por el SAS frente al Ministerio de Sanidad en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, toda vez  que las actuaciones del Ministerio se han llevado a cabo en base a sus competencias". Además, tampoco ve pruebas de "la existencia de coordinación anticompetitiva alguna entre los laboratorios farmacéuticos" para no presentarse a la licitación. Contra esta resolución no cabría recurso por la vía administrativa, pero sí por la contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

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