Empoderar a los pacientes alérgicos es una de las mejores estrategias para protegerlos de posibles accidentes que puedan darse, sabiendo que actualmente entre un 1-3% de adultos y un 4-6% de niños sufren algún tipo de alergia a determinados alimentos o ingredientes alimentarios. De hecho, casi cualquier alimento que contenga proteínas, como la leche de vaca, el huevo, el pescado, el marisco, las legumbres, los cereales, las frutas frescas y los frutos secos, puede desencadenar una alergia alimentaria, aunque suelen darse con mayor frecuencia en niños.

En este contexto, el etiquetado precautorio de alérgenos (EPA) surge como una herramienta cuyo objetivo es advertir sobre un riesgo potencial. Proporciona referencias de advertencias como "puede contener", "elaborado en líneas que procesan..." o "puede contener trazas de...", presentes en los envases de los productos alimentarios. Estas frases indican la posible presencia accidental de alérgenos debido a contaminación cruzada durante la fabricación, el envasado o el transporte y no a la inclusión deliberada del alérgeno como ingrediente. A diferencia del etiquetado obligatorio —que exige declarar los alérgenos presentes en la formulación—, el EPA suele aplicarse de forma voluntaria y carece de una regulación estricta en muchos países. Esta falta de normativas claras genera una amplia variabilidad en su uso, lo que puede generar incertidumbre en los consumidores.

Esta ambigüedad puede llevar a dos escenarios opuestos, pero igualmente problemáticos. Por un lado, una evitación excesiva de productos con advertencias precautorias, que conduce a dietas innecesariamente restrictivas, lo que afecta negativamente en diferentes ámbitos de la vida de la persona como pueden ser la nutrición, la salud mental y la socialización del paciente. Por otro lado, una interpretación laxa del etiquetado puede inducir a una falsa sensación de seguridad, exponiendo al paciente al riesgo de sufrir reacciones alérgicas, incluidas reacciones graves como la anafilaxia.

A diferencia del EPA, el Codex Alimentarius establece, a nivel internacional, un listado de alérgenos prioritarios cuya declaración es obligatoria. En la Unión Europea, el Reglamento (UE) Nº 1169/2011 obliga a declarar 14 alérgenos comunes en alimentos envasados. A diferencia de los alimentos, los medicamentos y complementos alimenticios están regulados por normativas específicas, como el Reglamento (CE) Nº 726/2004 y la Directiva 2001/83/CE. Estas normas exigen declarar ciertos excipientes con efectos conocidos, incluidos algunos alérgenos, pero no contemplan un sistema de EPA como tal. En el caso de las fórmulas infantiles, aunque se rigen por legislación alimentaria más estricta, tampoco está armonizado.

Además, el concepto de "dosis umbral" —la cantidad mínima de alérgeno que puede desencadenar síntomas clínicos— cobra especial relevancia. La incorporación de este parámetro en las estrategias de etiquetado permitiría una evaluación más precisa del riesgo real, promoviendo un etiquetado basado en evidencia científica y no en criterios precautorios genéricos. Para ello, iniciativas como el programa VITAL (Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling) en Australia proponen un sistema basado en umbrales de riesgo cuantificables para decidir cuándo es necesario un EPA. Asimismo, los métodos analíticos para la detección de alérgenos han avanzado significativamente: técnicas como ELISA, PCR o LC-MS/MS permiten una cuantificación precisa, aunque su implementación industrial no está estandarizada globalmente.

Es por todo ello que el farmacéutico, como profesional de la salud, tiene la responsabilidad y la oportunidad de educar a los pacientes en este ámbito, promover el uso racional del etiquetado y colaborar en la detección y prevención de reacciones adversas relacionadas con alérgenos.