El COF de Valencia organizó este martes en el Ateneo de Madrid la jornada Aportaciones Económico-Jurídicas al Modelo de Farmacia Español, con expertos como el académico Enrique Granda, la jurista Edurne Navarro y el economista Miguel de la Mano.

FUENTE: Correo Farmacéutico

Jaime Giner, presidente del COF de Valencia, fue el anfitrión de una jornada en el Ateneo de Madrid donde se presentó el estudio Competencia y nuestro modelo de Farmacia: aspectos económicos. Una revisión del Estudio del Mercado Minorista de Medicamentos de la Comisión nacional del mercado de Valores (CNMC), que ya vio la luz en Valencia el pasado mes de septiembre, como publicó CF.

"Nuestro modelo mediterráneo, también denominado regulador, es el mejor del mundo y el mejor para nuestro país". Así comenzó Giner su intervención, tras unas palabras de Daniel Pacheco, presidente de la sección de Farmacia del Ateneo. Giner también recordó que ellos fundaron la Plataforma de Defensa del Modelo Mediterráneo. "Una propuesta de ley de iniciativa popular del año 2000 sirvió para concienciar sobre la importancia del medicamento. En 2006 Bruelas pidió liberalizar el sector, y nosotros, al igual que el Consejo General de COF, estamos en contra", apostilló.

Así, desde que su equipo de gobierno tomó posesión en 2014 uno de los objetivos del COF de Valencia ha sido siempre "reforzar el modelo regulador", para lo que han contado con su equipo asesor de Bruselas.

Precisamente, con el objetivo de hacer "un retrato real, y mostrar las fortalezas, debilidades y amenazas del modelo español", el COF de Valencia encargó un informe jurídico "aséptico e imparcial" a Edurne Navarro Varona, abogada de Uría Menéndez"No importa un modelo u otro, pero sí la consecución de la excelencia", matizó Giner.

Carlos González Bosch, presidente de Cofares, afirmó que "el modelo español está dañado económicamente, y hay que negociar, lograr un pacto por la sanidad, y dar mayor solidez a la distribución y dispensación de medicamentos".

Para el académico Enrique Granda “la actual ordenación farmacéutica tiene futuro, pero hay que establecer correcciones donde se han visto deficiencias. Una medida clave sería que el criterio demográfico mínimo para abrir una farmacia fueran 2.500 personas”.

VALORACIÓN DEL TJUE
Edurne hizo alusión a la denominada directiva Bolkestein, Directiva 2006/123/CE de liberalización de prestación de servicios, "que excluyó a los servicios sanitarios". El 4 de julio de 2006 hubo un dictamen europeo porque "se creía que la normativa española contenía restricciones a la liberalización", pero tras una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a petición del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (la pregunta fue: ¿es la regulación española contraria al artículo 49 TFUE (libertad de establecimiento)?, el TJUE dijo que "era adecuado establecer límites de distancia mínima entre farmacias y número de habitantes por farmacia".

Sin embargo, en octubre de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) elaboró un estudio sobre el mercado de distribución minorista de medicamentos en España, donde hizo una serie de recomendaciones a España en lo que consideraba "restricciones a la competencia, como el acceso al mercado (distancia mínima, módulos de población...). El ejercicio de la actividad (obligación de que el propietario de una farmacia sea titulado farmacéutico) tampoco es bienvenida por ellos", explicó Miguel de la Mano, autor del estudio que revisa a su vez el estudio de la CNMC y vicepresidente ejecutivo de la oficina de Bruselas de Compass Lexecon.

Si bien De la Mano fue desmontando los arguemntos presentados por la CNMC que critican el modelo español, mostró algunos aspectos que sí cree pueden debatirse: la eliminación de restricciones a la publicidad en las oficinas de farmacia; mayor libertad en horarios comerciales, simepre y cuando se salvaguarden servicios mínimos; mecanismos para incentivar la prestación de servicios asistenciales e intensificar la competencia en medicamentos sociosanitarios.

La conclusión principal, según de la Mano, es que "el modelo no está liberalizado en ningún país de la OCDE, ya que siempre existe cierta regulación".

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